Con el voto a favor de cinco de seis de sus integrantes, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó por mayoría adicionar a la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí la garantía del pleno respeto a ese sector poblacional vulnerable en caso de ser desalojados de sus inmuebles.

La iniciativa presentada desde la Legislatura pasada por la diputada reelecta, Martha Patricia Aradillas Aradillas plantea adicionar Inciso B al Artículo Sexto Fracción Cuarta de la citada Ley donde establece que las autoridades tienen la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores en todos aquellos procedimientos de desalojo de sus viviendas que sean inevitables, debiendo con antelación a la ejecución tengan garantizado su acceso a medios esenciales como agua potable y saneamiento, alojamiento y vivienda básicos, ropa, servicios médicos esenciales, fuentes de sustento y además garantizar sus derechos humanos para evitar el desalojo en medio de climas extremos o por la noche.

Las y los integrantes de la Comisión legislativa de Derechos Humanos también aprobaron el Punto de Acuerdo presentado ante el Pleno por la diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres para exhortar al Ejecutivo estatal y a los 59 municipios implementen espacios adecuados e inclusivos para la atención integral de la población LGBTTTQ+, donde haya acceso efectivo a un catálogo de servicios de salud, justicia, derechos humanos, vinculación laboral, educación, vivienda.

El exhorto también contempla que el Poder Judicial diseñe e implemente programas permanentes de capacitación y sensibilización dirigidos a jueces, juezas, magistrados, magistradas y personal jurisdiccional enfocados en los derechos humanos de la población LGBTTTQ+, para que aumenten sus capacidades de resolver con perspectiva de género los asuntos que les competan y garantizar el acceso de esa población a a justicia.

El tercer punto del exhorto tiene como destinataria la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que vigile y evalúe anualmente el funcionamiento de los espacios de atención a la población LGBTTTQ+ y emita recomendaciones para la mejora continua y reducción de actos de discriminación, violencia y exclusión escrupular hacia esa comunidad.