El gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de un arancel del 50% a las importaciones de cobre, en un movimiento que busca reactivar la minería nacional y proteger sectores estratégicos. Bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional, la administración de Donald Trump recurrió a la Sección 232 del Departamento de Comercio, alegando la necesidad de garantizar el abasto de este metal esencial para industrias clave como la energía, defensa y tecnología.

La decisión provocó una reacción inmediata en los mercados internacionales, con un alza en el precio del cobre que osciló entre el 12% y el 17%, alcanzando máximos no vistos desde hace más de cinco décadas. Analistas advirtieron que el encarecimiento del insumo podría impactar los costos de manufactura en ramas como la automotriz, la electrónica y la construcción, especialmente en un contexto de recuperación económica global.

Esta medida se inscribe en una política más amplia de corte proteccionista impulsada por Trump, que también contempla aranceles elevados a productos farmacéuticos y restricciones adicionales a semiconductores. Con el lema “America First”, la Casa Blanca refuerza así su apuesta por la autosuficiencia industrial, aun a costa de posibles tensiones comerciales con sus principales socios.

Exportadores como México, Chile, Perú y Canadá —principales abastecedores de cobre al mercado estadounidense— expresaron su preocupación por las posibles repercusiones económicas y diplomáticas de esta acción. Mientras tanto, empresas mineras locales como Freeport-McMoRan registraron un alza bursátil, aunque especialistas advierten que un exceso de reservas podría limitar los beneficios esperados para la industria nacional.