Hay decisiones que no solo apestan a censura, sino que huelen a cobardía institucionalizada. El caso de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, reducida —por arte de magia judicial— a “Dato Protegido”, es el nuevo capítulo en el manual no oficial del poder en México: cómo callar una crítica con toga, fuero y lágrimas procesales.
Todo empezó con un tuit. Una frase como tantas otras que circulan en el lodazal digital: directa, punzante, tal vez incómoda, pero absolutamente dentro del marco del debate político. Karla María Estrella, ciudadana sin cargo, sin curul, sin blindaje legal, osó cuestionar el origen político de una candidatura. Señaló que quizás, solo quizás, el hecho de ser esposa de Sergio Gutiérrez Luna pudo haber influido en la carrera ascendente de la señora Barreras.
Y entonces vino la tragedia: no para Karla, sino para la institucionalidad, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que debería ser garante del debate democrático, se convirtió en una policía del pensamiento y un tribunal de honor monárquico, donde los poderosos no pueden ser interpelados sin antes rendirle tributo a su investidura. En vez de desestimar una denuncia evidentemente frágil, LO QUE HIZO FUE PREMIAR EL BERRINCHE: IMPUSO UNA SANCIÓN DESPROPORCIONADA, RIDÍCULA, Y LO QUE ES PEOR, PROFUNDAMENTE PELIGROSA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO.
TREINTA DÍAS DE DISCULPAS PÚBLICAS… TREINTA… UNA POR CADA DÍA DEL CALENDARIO COMO SI SE TRATARA DE UN RITUAL INQUISITORIAL PARA PURGAR EL PECADO DE OPINAR. COMO SI KARLA HUBIESE QUEMADO EN LA PLAZA PÚBLICA UNA EFIGIE DE LA REPÚBLICA. NO BASTÓ CON HUMILLARLA DIGITALMENTE; TAMBIÉN LE EXIGIERON NO VOLVER A NOMBRAR A LA DIPUTADA. ¿CÓMO SE LE DICE ENTONCES A UNA SERVIDORA PÚBLICA SIN NOMBRE? ¿LA INNOMBRABLE? ¿SU EXCELENCIA DEL SILENCIO? NO. EL TRIBUNAL LE PUSO UNA ETIQUETA DE FANTASÍA: “DATO PROTEGIDO”.
Así, sin vergüenza ni rubor, una mujer con fuero, salario público y exposición política fue declarada jurídicamente invisible… y vulnerable. El Estado, ese que debería garantizar el equilibrio entre poder y ciudadanía, le dio un pase VIP para esconderse del escrutinio público. Lo más grotesco no fue la resolución, sino la cara de piedra con la que pretendieron justificarla, que si la revictimización, que si la dignidad, que si el discurso de odio… ¿Odio? ¿Dónde? ¿En un tuit de crítica política?
Lo que hubo fue cinismo, lo que hubo fue una utilización oportunista del andamiaje jurídico feminista para defender privilegios, no derechos. Barreras no actuó como víctima; actuó como lo hacen los poderosos cuando no toleran que los nombren: con soberbia, con estrategia, y con respaldo institucional. Porque es más fácil acusar que responder, porque es más cómodo que te protejan el nombre a tener que explicar por qué la gente cuestiona tu llegada al cargo.
Y el TEPJF, que debería ser guardián de libertades, terminó redactando un capítulo digno de Orwell: la crítica es violencia, el poder es vulnerable, y el nombre de una diputada es secreto de Estado.
Lo que no pueden proteger —por más tinta negra que usen— es la ridiculez histórica de este caso. Porque mientras más le pusieron la mordaza a Karla, más se disparó la conversación. El apodo se volvió trending topic. La diputada que no podía ser nombrada fue nombrada mil veces. El tribunal que quería ocultar el debate fue exhibido como lo que ya es: un brazo coercitivo de la censura intitucional.
Karla no cometió un delito, que se entienda perfectamente, EJERCIÓ SU DERECHO CONSTITUCIONAL A OPINAR, A CUESTIONAR Y A DECIR LO QUE MUCHOS PIENSAN, PERO POCOS SE ATREVEN A ESCRIBIR. Hoy, ella representa no solo a una ciudadana sancionada: representa la lucha por la palabra libre en un país que castiga más al tuitero que al corrupto.
Y a la “Dato Protegido”, que siga escabulléndose entre resoluciones cobardes, porque lo único verdaderamente protegido aquí fue su ego de porcelana. Pero más patética aún es la figura de los magistrados que firmaron esa sentencia: doctores en derecho que hoy parecen alumnos reprobados en civismo, burócratas de toga que redactaron una resolución tan jurídicamente hueca como moralmente repulsiva. En su afán por complacer al poder y disfrazar censura de justicia, convirtieron el tribunal electoral en una notaría de la estupidez. ¿Qué clase de ignorancia constitucional les permite creer que una diputada debe ser anónima para que una ciudadana no la dañe con un tuit? ¿Qué clase de justicia es esa que castiga la crítica y canoniza la victimización fabricada? No están defendiendo a las mujeres: están defendiendo a los poderosos con fuero que se disfrazan de frágiles cuando les incomoda el espejo de la opinión pública. A los magistrados que firmaron ese bodrio de sentencia, felicidades: acaban de pasar de intérpretes de la ley a bufones del poder. Que alguien les ponga un sello en la frente: “Dato Inservible”.
