Con el objetivo de fortalecer la lucha contra la extorsión, uno de los delitos que más afecta a la sociedad y la economía local, el diputado Carlos Arreola Mallol presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí. La propuesta incluye la adición del artículo 231 BIS y busca endurecer las sanciones para quienes cometan este delito.

Según el legislador, la iniciativa define la extorsión como la acción de intimidar a una persona para obtener un beneficio propio o para un tercero, mediante amenazas que pueden afectar su integridad, bienes o familiares. La propuesta contempla penas de prisión de cuatro a diez años, junto con multas que van de 400 a mil días de la unidad de medida y actualización.

El documento añade un agravante cuando la extorsión se realice mediante medios de comunicación como llamadas telefónicas, mensajes o cualquier sistema electromagnético, elevando la pena a entre seis y doce años de cárcel, además de sanciones económicas mayores.

Además, la propuesta contempla incrementar en un 50% las penas cuando el delito se cometa bajo ciertas condiciones, como la intervención de personas armadas, el uso de violencia física, o cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores o personas vulnerables.

Un punto importante del proyecto es el endurecimiento de castigos para servidores públicos o policías que participen en actos de extorsión, que incluiría la destitución definitiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 20 años.

Arreola resaltó que estas modificaciones permitirán a las autoridades combatir la extorsión de manera más integral y eficaz, al dotarles de facultades para perseguir estos delitos de oficio. La iniciativa ya fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y discusión.