Durante la sesión de la Diputación Permanente de este miércoles, fue presentada una iniciativa de la diputada Diana Ruelas Gaitán donde pretende castigar con uno hasta cinco años de prisión y sanción pecuniaria de 100 a 500 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien usurpe el estado civil o la filiación de otro, con el fin de adquirir derechos que no le correspondan, la cual fue turnada a la Comisión Primera de Justicia.

La propuesta de la legisladora propone reformar y adicionar disposiciones del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, así como de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, para incluir dicha conducta en el apartado de Delitos contra la Filiación y el Estado Civil de las Personas y para el caso de que se detecte un uso indebido de las actas del Registro Civil para cualquier fin, se haga la denuncia respectiva ante la autoridad correspondiente.

La diputada Ruelas Gaitán indica en su iniciativa que el usurpar el estado civil o la filiación de alguien más trae consigo consecuencias que van, desde luego, con afectar a alguien más que legítimamente tiene algún derecho, revestir de invalidez un acto jurídico efectuado con antelación o incluso dañar la hacienda pública (cuando el beneficio sea de seguridad social, por ejemplo); por tanto, tipificar esta conducta contribuye a salvaguardar los derechos de cada persona, principalmente, castigando a quien se aproveche de las circunstancias para obtener beneficios de manera ilegítima.

Durante la sesión también se dio entrada a otra iniciativa de la misma legisladora que reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí en materia de crianza positiva, para incorporar aquellas prácticas que refuerzan los comportamientos adecuados de las niñas, niños y adolescentes sin recurrir a castigos físicos ni a tratos crueles y humillantes, salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos. La iniciativa se turnó a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte. 

También se turnó a la Comisión Primera de Justicia la iniciativa propuesta por el diputado Carlos Arreola Mallol que busca adicionar el artículo 231 BIS al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para establecer que el delito de extorsión sea perseguido de oficio.