El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad un decreto que reforma y adiciona los artículos 57 y 80 de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de regular de manera clara los institutos de amnistía e indulto.

Con estas modificaciones, se define que la concesión de amnistías por delitos del fuero común será competencia exclusiva del Poder Legislativo, en línea con lo que establece la Constitución Federal para el ámbito de la Unión. Por su parte, los indultos por delitos locales pasarán al Poder Ejecutivo, quien podrá otorgarlos mediante una Comisión Interdisciplinaria que será creada específicamente para este fin, conforme a la futura Ley de Amnistía e Indulto del Estado.

La reforma establece que estas disposiciones serán consideradas como causas de extinción de la acción penal y de la ejecución de penas y medidas de seguridad, aclarando qué poderes estatales tienen las atribuciones correspondientes para su aplicación.

Según los legisladores, la iniciativa busca garantizar que el derecho de gracia se ejerza de manera ordenada y conforme al Estado de Derecho, evitando duplicidades o vacíos legales. Asimismo, los artículos transitorios del decreto establecen que la LXIV Legislatura contará con un plazo máximo de 180 días naturales para emitir la Ley de Amnistía e Indulto, a partir de la entrada en vigor de la reforma.

Con esta aprobación, San Luis Potosí alinea su marco legal con la Constitución Mexicana, consolidando la facultad del Congreso y del Ejecutivo en la administración de estas figuras legales, de manera similar a como sucede en el ámbito federal, donde el Congreso de la Unión y el Presidente de la República tienen competencias definidas sobre amnistía e indulto, respectivamente.