En una Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad reformas al artículo 114 de la Constitución local y modificaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar seguridad social digna a los integrantes de los cuerpos policiales municipales.

La iniciativa, impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, establece que los ayuntamientos deberán garantizar que los policías municipales accedan de manera efectiva a prestaciones de retiro, jubilación o pensión mediante esquemas operados por instituciones públicas de seguridad social. Estos programas deberán considerar la naturaleza funcional de los policías, los riesgos a los que se enfrentan y cumplir criterios de viabilidad financiera, continuidad institucional y transparencia, según las directrices que emitan los cabildos para su operación, seguimiento y evaluación.

Estas adecuaciones representan un avance significativo en la protección de los derechos de los policías municipales, alineándose con la Constitución Federal que otorga a las legislaturas estatales la facultad de regular las relaciones laborales y de seguridad social en su territorio. Mientras que los cuerpos de seguridad estatal ya cuentan con cobertura pensionaria a través de la Dirección de Pensiones del Estado, la reforma garantiza que los municipios implementen mecanismos claros y fiscalizables para cumplir con esta obligación.

Los artículos transitorios del decreto establecen un plazo máximo de 120 días para que los ayuntamientos realicen los ajustes normativos necesarios. Además, se asegura que los derechos pensionarios adquiridos previamente se respetarán, y los beneficiarios tendrán la opción de incorporarse a los nuevos esquemas.

Asimismo, a partir del siguiente ejercicio fiscal, los ayuntamientos deberán contemplar en sus presupuestos partidas específicas para financiar los esquemas de previsión social de los miembros de los cuerpos de seguridad pública municipal, consolidando un marco legal que protege de manera integral a quienes resguardan la seguridad de la ciudadanía potosina.