El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo promovido por la diputada Mireya Vancini Villanueva, con el objetivo de exhortar a diversas instituciones a implementar medidas efectivas contra el acoso escolar en San Luis Potosí. La iniciativa llama a la Secretaría de Educación del Gobierno estatal, a los 59 municipios, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños (SIPINNA) a desarrollar estrategias coordinadas que protejan a los estudiantes y prevengan la violencia dentro de las escuelas.

La legisladora Mireya Vancini destacó que el bullying constituye una problemática persistente que requiere atención integral, involucrando a autoridades, instituciones educativas, familias y sociedad en general. “Es fundamental atender las causas que generan estas conductas, fortalecer protocolos de actuación y garantizar entornos seguros y libres de violencia para todos los estudiantes”, expresó.

De acuerdo con diversos estudios, el acoso escolar afecta a estudiantes de todos los niveles educativos, desde kínder hasta universidad. En México, se han registrado más de 900 casos de violencia física en escuelas, especialmente entre adolescentes de 12 a 17 años. Aunque no hay cifras precisas en San Luis Potosí, se estima que siete de cada diez estudiantes han experimentado algún tipo de violencia escolar, según análisis internacionales.

Vancini explicó que un factor determinante en la aparición de conductas agresivas en las escuelas es la violencia intrafamiliar. La exposición a episodios de violencia física y psicológica en el hogar puede llevar a que los menores reproduzcan estas actitudes en el entorno escolar. La normalización de la violencia como método educativo contribuye directamente a la crisis de bullying en el estado.

En respuesta a esta situación, la diputada señaló que desde la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte se trabajará en reformas legales y propuestas estratégicas que fortalezcan la prevención y erradicación del acoso escolar, garantizando así que los entornos educativos sean espacios seguros, equitativos y respetuosos para todos los estudiantes.