Cerca de medio centenar de ejidatarios de La Garita de Jalisco, entre ellos personas de la tercera edad que con parte original, protestaron frente a la sede de Registro Agrario Nacional (RAN) en el Centro Histórico de la capital de San Luis Potosí para exigir les sean devueltas cerca de 380 hectáreas que están posesionadas por desarrolladores inmobiliarios debido la corrupción de parte de jueces agrarios.

Con cartulinas y una manta plastificada donde solicitan la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que detenga el despojo del que están siendo víctimas por parte de constructoras e inmobiliarias en contubernio con el Tribunal Agrario 25 y la Sala Superior del Tribunal Agrario, las y los inconformes exigieron que les restituyan las tierras que consideran robadas y que son parte del patrimonio que sus antepasados les legaron.

David Cárdenas Aranda, asesor de las y los ejidatarios, acusó que cerca de cien ejidatarios están siendo afectados, pese a que ha ganado los juicios, pero el Juzgado del RAN en San Luis Potosí todos los fallos han sido en favor de las empresas desarrolladoras inmobiliarias.

Relató que el conflicto comenzó cuando prestaron unas 800 hectáreas a diversas sociedades y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un punto que le llaman "Tlahuixtán" que posteriormente es regresado y de inmediato la empresa "Desarrollos del Pedregal" en la que están inmiscuidos los considerados "zares inmobiliarios" en San Luis Potosí como la familia Rangel y de Carlos "Chato" López Medina, a quienes acusó de formar sociedades "fantasma" para apoderarse de las tierras ejidales y comenzar a desarrollar, como sucede a espaldas del Centro de Convenciones.

Añadió que durante cuatro años hagan emprendido la lucha legal, incluso con inspecciones judiciales de perito del propio RAN que siempre les han dado la razón, pero al llegar al Tribunal Agrario siempre les dan la razón a los particulares.