Los diputados César Arturo Lara Rocha y Luis Emilio Rosas Montiel presentaron una propuesta de reforma a la Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer requisitos claros de capacitación y certificación oficial para quienes ejerzan esta actividad. La medida pretende brindar mayor confianza y seguridad a las personas que contraten servicios inmobiliarios, evitando fraudes y prácticas irregulares.

Actualmente, la legislación vigente contempla capacitación o certificación, pero no regula quién la imparte, las horas requeridas ni los conocimientos adquiridos, lo que deja un vacío en el control y verificación de los agentes activos. La reforma propone que todo agente inmobiliario cuente con una “certificación expedida por institución pública o privada con validez oficial”, asegurando así que posea los conocimientos necesarios y que haya sido evaluado formalmente.

Además, los agentes deberán acreditar un mínimo de 120 horas de capacitación o actualización en los últimos dos años de actividad, mediante constancias, diplomas o certificados relacionados. Esta medida busca profesionalizar el sector, garantizando que quienes operen en bienes raíces cumplan con estándares éticos y técnicos.

La iniciativa también plantea modificar el artículo 7 de la ley para que las personas físicas o morales que operen en el mercado inmobiliario exhiban en todo momento su licencia o número de registro ante SEDECO, lo que permitirá a los clientes confirmar que su agente está debidamente registrado y certificado.

El diputado Lara Rocha destacó que esta medida ayudará a reducir los delitos de fraude inmobiliario, un problema que según la Fiscalía del Estado ha generado 33 carpetas de investigación recientes. Asimismo, se estima que, de más de tres mil agentes en operación en el estado, solo 110 están registrados formalmente en la Secretaría de Desarrollo Económico, dejando a la mayoría sin supervisión ni certeza jurídica.

Con esta reforma, el Congreso del Estado busca profesionalizar el sector inmobiliario, garantizar seguridad jurídica para los usuarios y promover la ética y capacitación entre los agentes. La iniciativa será turnada a las comisiones legislativas para su análisis y eventual votación.