La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad un dictamen que reforma la Ley de Protección a los Animales, con el objetivo de sancionar el uso de vehículos tirados por animales para la recolección de basura, fierro u otros residuos domésticos.

La diputada Martha Patricia Aradillas, presidenta de la comisión y promotora de la iniciativa, explicó que la reforma no busca criminalizar la pobreza, sino crear un marco legal que acompañe políticas públicas de inclusión, capacitación y reconversión laboral. “Se trata de proteger a los animales y garantizar su bienestar, promoviendo alternativas que no pongan en riesgo su salud ni la seguridad de la población”, señaló.

Según el artículo 127 reformado, quienes utilicen animales para estas labores podrán recibir multas que van de tres a 120 días del valor de la unidad de medida y actualización vigente. Además, se prohíbe colocar productos nocivos sobre la piel de los animales por razones estéticas o de cualquier índole, con excepción de tatuajes de identificación o reconocimiento de raza.

La ley define como animales de tracción a caballos, yeguas, ponis, mulas, asnos, reses y sus mezclas, utilizados para transportar personas o productos y que generen beneficios económicos a sus propietarios. La diputada Aradillas destacó que estos animales, en muchas ocasiones, trabajan en condiciones extremas: sobrecarga, largas jornadas, falta de agua y descanso, superficies peligrosas y sin atención veterinaria adecuada.

Además del maltrato animal, la práctica representa riesgos sanitarios y sociales, pues el contacto de los animales con residuos domésticos puede favorecer la propagación de plagas y enfermedades, así como la contaminación de espacios públicos.

Con esta medida, la Comisión busca conciliar la protección del entorno urbano, la salud pública y el bienestar animal, fomentando una sociedad más ética y responsable. El dictamen ya fue turnado al Pleno del Congreso para su análisis y votación final, en espera de convertirse en una herramienta legal que erradique esta práctica en los municipios del estado.