Por Pepe Alemán

Denuncias penales por uso de factureras enfrenta gobierno de Galindo: IFSE

IFSE reporta investigaciones por desvío de recursos y observaciones en obras públicas de la capital.

Al Presentar ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado los informes de las cuentas públicas 2023, el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López reveló que el Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí enfrenta tres demandas penales por uso de factureras y desvío de recursos públicos y además es el segundo ente fiscalizado con mayor número de observaciones de los 112 entes fiscalizables en el estado.

En total son cinco las demandas penales por las mismas causas y los otros dos municipios son Moctezuma y Matehuala, en el Altiplano potosino.
"Se encuentran en etapa de investigación, sin embargo nuestro equipo de abogados han tenido buen acercamiento con la Fiscalía del Estado, ya también la Policía de Investigación se encuentra con estos expedientes sobre todo en avance principalmente en dos, los temas principales son factureras y desvío de recursos públicos", detalló.

Además, dio a conocer que gracias a las observaciones del IFSE en el proceso de solventación obligaron al gobierno de Galindo a que repusiera las obras de pavimentación de las avenidas García Diego y Mariano Jiménez porque "no cumplían con las características de grosor ni de  los materiales que se habían contratado", expuso.

El auditor del estado también destacó que hay dos expedientes especiales de investigación en contra de la administración de Enrique Galindo, uno derivado de la denuncia por parte de la organización "Ciudadanos Observando" relativo a un presunto desvío de recursos recaudados a través del sistema de parquímetros donde están revisando ticket por ticket, ya que actualmente cuentan con más aparatos pero registran menos recaudación que hace algunos años, incluso durante la pandemia cuando la recaudación fue mayor.

El otro es el relacionado al presunto "huachicoleo" salarial donde se implica al regidor Jorge Alberto Zavala López quien exigía un porcentaje del salario de al menos siete empleados y empleadas que él colocó en la nómina municipal.