En un esfuerzo por garantizar la protección de servidores públicos y personal docente frente a denuncias infundadas, la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas y el titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, presentaron una iniciativa conjunta para reformar el Código Penal del Estado, la Ley de Educación y la Ley Orgánica de la Administración Pública.

La propuesta busca establecer medidas claras para resguardar la integridad y derechos laborales de los profesionales que, en el ejercicio de sus funciones, pudieran ser objeto de acusaciones falsas o dolosas. La diputada Aradillas explicó que esta iniciativa responde a casos recurrentes de denuncias que afectan injustamente a docentes, y destacó la importancia de fortalecer la certeza legal y la presunción de inocencia.

Por su parte, el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres, señaló que la Dirección Jurídica de la dependencia ha detectado varios casos en los que maestros han sido acusados de manera infundada, lo que puede derivar en sanciones laborales innecesarias. “Se busca que quienes resulten inocentes no pierdan sus derechos ni sean separados de su cargo”, comentó.

Entre las modificaciones más relevantes, se propone que las denuncias falsas contra servidores públicos sean sancionadas con penas aumentadas hasta en un 50%, garantizando que las acusaciones dolosas sean debidamente castigadas. Además, la Ley de Educación establecerá que las autoridades deben aplicar protocolos imparciales, respetando los derechos humanos y la dignidad del personal, asegurando un debido proceso administrativo y medidas de protección laboral.

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública otorgará a la SEGE la facultad de diseñar, implementar y supervisar protocolos para la correcta atención de estos casos, garantizando justicia y seguimiento en los procesos donde docentes hayan sido víctimas de denuncias infundadas.

Esta iniciativa refleja el compromiso del Congreso y de la SEGE por proteger a quienes educan y sirven a la sociedad, asegurando que el ejercicio de su labor se realice con seguridad jurídica y respeto a sus derechos.