Derivado de múltiples denuncias sobre una red de corrupción y tráfico de influencias en su gobierno, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos reconoció que la Contraloría Interna del municipio ha iniciado una investigación interna para deslindar responsabilidades en la Dirección de Protección Civil, área involucrada.

Las denunciantes, directoras de diversos jardines de niños particulares de la capital potosina, denunciaron directamente al alcalde Galindo, que el director de Protección Civil, Adrián Cortázar, además de ser grosero y prepotente les dilata meses la entrega del Plan Interno de Protección Civil, requisito indispensable para obtener la Licencia del Uso de Suelo y la Licencia de Funcionamiento para comenzar operar en el ciclo escolar que ya comenzó.

De acuerdo a testimonios recabados con algunas de las víctimas, se trata de una operación de corrupción y tráfico de influencias articulada y operada por el propio funcionario municipal, ya que ante la necesidad de las usuarias por abrir lo más pronto posible sus guarderías y ante la táctica dilatoria en Protección Civil, les "sugieren" que para que obtengan el documento cuanto antes contraten a la empresa "AZA Consultores" cuyo dueño presumen es el mismísimo director de Protección Civil del gobierno de Enrique Galindo Ceballos. Las fuentes consultadas refirieron que quien funge como directora del consorcio es Estela del Carmen Loredo Bañuelos, cuya hija, en la administración galindista, revisó programas de Protección Civil.

Cuestionado al respecto, el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos admitió que existían quejas en contra de su funcionario, mismo que canalizó a su órgano interno de control, "pedí a la Contraloría respetando su autonomía y sus procesos, que se metiera a deslindar responsabilidades si las hubiera, a conocer el proceso si está bien alineado, ver qué hay de rezago y que podamos limpiar de sospechas el área y si hay responsabilidad sancionar", expresó. 

Cabe mencionar que los inspectores de Protección Civil del Ayuntamiento de la capital acudieron a la Contraloría Interna del municipio capitalino a ofrecer sus testimonios sobre el presunto tráfico de influencias y corrupción liderada por su jefe, a cambio de que no fueran vinculados y con ello perder sus empleos.