La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de 2026 las instituciones bancarias ya no podrán deducir de impuestos las aportaciones que realizan para cubrir la deuda del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), antiguamente conocido como Fobaproa.

Esta medida forma parte del Paquete Económico 2026, que será entregado próximamente a la Cámara de Diputados. De acuerdo con estimaciones oficiales, la eliminación de esta deducción permitirá al fisco recuperar aproximadamente 10 mil millones de pesos al año, recursos que actualmente se pierden debido a las deducciones fiscales que benefician al sector financiero.

Sheinbaum recordó que, aunque la deuda tiene un origen privado, el Estado ha tenido que asumir gran parte de su carga. Hasta ahora, los bancos aportaban una cantidad limitada que además podía deducirse de impuestos, una práctica que será eliminada con la nueva disposición fiscal.

La presidenta señaló que ya sostuvo reuniones con algunos representantes del sector bancario y confía en que las instituciones colaborarán con la implementación de la medida, catalogándola como justa y necesaria para fortalecer las finanzas públicas.

En paralelo, Sheinbaum adelantó que el Paquete Económico 2026 prevé un aumento en la asignación de recursos para ciencia, tecnología y proyectos de carácter científico y humanista, alineados con los ejes centrales de su administración.

Expertos consideran que la medida no solo incrementará la recaudación, sino que también genera mayor equidad fiscal al impedir que las contribuciones obligatorias de los bancos se traduzcan en beneficios fiscales para estas entidades.

Con este cambio, el gobierno federal busca reforzar las finanzas públicas, garantizar que las aportaciones al IPAB cumplan con su objetivo original y liberar recursos que podrán destinarse a proyectos estratégicos de desarrollo científico, tecnológico y social en el país.

El anuncio marca un giro importante en la política fiscal hacia el sector bancario, al tiempo que refuerza la estrategia del Ejecutivo de asegurar que los aportes obligatorios se reflejen directamente en beneficio del erario público.