El diputado Carlos Arreola Mallol, en representación de diversos grupos y fracciones parlamentarias de la LXIV Legislatura, presentó en la Diputación Permanente la iniciativa para expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de modernizar la estructura judicial y consolidar la autonomía de jueces y magistrados.
La propuesta se sumará a otras iniciativas presentadas por integrantes del Supremo Tribunal de Justicia y legisladoras, con la finalidad de trabajar bajo consenso entre las diferentes comisiones y grupos parlamentarios, e integrar un dictamen conjunto que contemple las observaciones de todos los sectores involucrados.
Entre los puntos principales de la iniciativa destacan la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, con lo cual se descentralizan funciones disciplinarias y administrativas, garantizando que la función jurisdiccional no se vea afectada por tareas externas. Además, se prevé la creación de la Junta de Coordinación, que servirá como órgano de comunicación entre estas instancias para revisar e implementar mejoras continuas.
Arreola Mallol explicó que la iniciativa también busca establecer mecanismos claros para garantizar la independencia judicial, asegurando que magistrados, jueces y personal jurisdiccional actúen sin presiones internas ni externas. Asimismo, se promueve la paridad de género, se fortalecen los procesos de transparencia y rendición de cuentas mediante la Contraloría Interna, y se asegura la continuidad de la función jurisdiccional ante ausencias temporales.
El legislador destacó que la ley contempla la especialización y profesionalización del personal judicial, a través de la continuidad de la Escuela Judicial, y se adapta a los mandatos constitucionales y tratados internacionales, garantizando a la población un acceso eficiente y seguro a la justicia.
Para avanzar en el análisis, la próxima semana se realizará un foro con expertos, académicos y representantes del Poder Judicial, con el objetivo de revisar y unificar las iniciativas presentadas y buscar que la ley esté aprobada antes del 15 de septiembre.
La propuesta fue turnada a las comisiones Segunda de Justicia y Gobernación, donde se analizará en detalle para su posterior dictamen.
