El diputado Mario Alberto López Hernández, del PVEM, presentó una propuesta para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de aumentar las sanciones para quienes utilicen drones para lanzar explosivos, sustancias químicas o transportar drogas.

La iniciativa contempla cambios en los artículos 163 Bis y 163 Ter. En el artículo 163 Bis, se plantea elevar la pena de prisión de diez a veinte años actualmente, a un rango de veinte a treinta años, para quienes empleen aeronaves no tripuladas para arrojar objetos, explosivos o químicos que puedan causar daños a personas o bienes.

En el caso del artículo 163 Ter, se propone imponer penas de diez a trece años —actualmente de cinco a diez— a quienes fabriquen, importen, adquieran o adapten drones para transportar explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas.

El legislador destacó que las leyes actuales no penalizan de manera proporcional estas conductas, que representan un riesgo creciente para la seguridad pública y nacional. López Hernández explicó que los drones son cada vez más utilizados por grupos criminales para transportar drogas o ejecutar ataques entre organizaciones rivales, aumentando la violencia y dificultando la labor de las autoridades.

Además, alertó sobre la sofisticación tecnológica que adoptan los delincuentes, quienes incluso solicitan equipos con capacidad para transportar hasta 100 kilos de droga, lo que multiplica el peligro para la población.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictamen. Con este cambio, se busca que la legislación se adapte a los nuevos retos de seguridad derivados del uso de la tecnología, estableciendo penas más severas y disuasorias para conductas que ponen en riesgo la vida de las personas y el orden público.

El legislador enfatizó que el endurecimiento de las sanciones no solo busca castigar, sino prevenir que los drones se conviertan en herramientas recurrentes para actividades criminales.