La diputada Brisseire Sánchez López presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Energía Federal, Luz Elena González Escobar, a implementar medidas que eviten la práctica del fracking en el territorio de San Luis Potosí. La propuesta busca proteger el medio ambiente, la salud pública y los derechos de las comunidades cercanas a las zonas potencialmente afectadas.
En su exposición de motivos, Sánchez López explicó que el fracking, o fracturación hidráulica, es un proceso mediante el cual se extraen gas natural y petróleo, pero que genera impactos ambientales y sociales negativos, afectando la biodiversidad, el suministro de agua y la salud de la población. “Esta actividad trae consigo problemas ambientales y sociales de gran magnitud, con efectos negativos para la salud pública y el entorno de las comunidades”, señaló.
La legisladora enfatizó la necesidad de evaluar con detalle cualquier autorización, así como de consultar y sensibilizar a las poblaciones locales sobre los riesgos asociados. Particular atención requiere la zona Huasteca, donde aproximadamente el 70% de la población es indígena. “Se deben respetar sus usos y costumbres, garantizando que sean consultados en todo momento antes de aplicar métodos de perforación en sus territorios”, indicó Sánchez López.
La diputada también propuso alternativas de extracción más amigables con el medio ambiente, que no comprometan el tejido social ni la vida de las comunidades. “Es imprescindible frenar el fracking y buscar métodos sostenibles que eviten los impactos negativos que podrían transformar radicalmente la vida en la Huasteca potosina”, puntualizó.
Con esta iniciativa, la legisladora pretende que la Secretaría de Energía considere medidas preventivas claras y efectivas, protegiendo tanto los recursos naturales como los derechos de las comunidades indígenas, y asegurando que cualquier decisión sobre actividades de extracción sea transparente, consultada y responsable.
El exhorto será analizado por las comisiones correspondientes en el Congreso del Estado, con el objetivo de consolidar un marco de protección ambiental y social frente a los riesgos del fracking en San Luis Potosí.