Integrantes LGBT de San Luis Potosí presentaron este miércoles una iniciativa de ley para que al menos el 3 por ciento de los espacios laborales de toda la administración pública sean destinados para esa comunidad.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto firmada por Bárbara Irazamy Portillo Vázquez, Julie Carrillo Saucedo, Adrián Barrios Muñoz, Jeús Paul Ibarra Collazo y Francisco Olvera Herrera, con Proyecto de Decreto, busca reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado; de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado; de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado; y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

De aprobarse, el Estado garantizará la adopción de medidas de acción positiva orientadas a la inclusión laboral de las personas trans y no binarias, a fin de asegurar la igualdad real de oportunidades; las entidades públicas y las organizaciones sindicales deberán incorporar en las condiciones generales de trabajo medidas de acción positiva que aseguren la inclusión laboral de las personas trans y no binarias; las dependencias del gobierno estatal en sus relaciones laborales deberán cumplir con la obligación relativa a la destinación de un porcentaje de plazas de ingreso anual para la contratación de personas trans y no binarias, así como garantizar su acceso a programas de capacitación y desarrollo laboral; la Oficialía Mayor deberá coordinar la planeación, implementación, supervisión y evaluación de políticas públicas de inclusión laboral dirigidas a personas trans y no binarias en la Administración Pública Estatal, incluyendo la colaboración interinstitucional para la aplicación de acciones afirmativas, la emisión de lineamientos, protocolos de atención institucional, formatos de rectificación de registros laborales, procedimientos de protección de datos personales y programas de capacitación obligatoria para servidores públicos en materia de diversidad sexual, identidad y expresión de género, igualdad de trato y no discriminación.

Las instituciones educativas estatales deberán contar con un procedimiento formal para la corrección de certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos de nivel básico, medio superior y superior, cuando las personas hayan realizado su cambio de nombre y/o género mediante resolución de autoridad administrativa y copia certificada del acta de nacimiento. Dicho procedimiento deberá ser ágil, gratuito y respetuoso de la confidencialidad de la persona solicitante.

La Dirección Estatal de Profesiones deberá realizar rectificaciones rápidas, administrativas y preferentemente gratuitas de cédulas profesionales de las personas que hayan realizado su cambio por identidad de género, previo cumplimiento de los requisitos.

"En cada municipio el tres por ciento de su nómina sea para personas trans y no binarias para que tengamos esta igualdad y cerrar la brecha de desigualdad", expuso Irazamy Portillo. 

Añadió que este sería un gran paso en el pago de la deuda histórica que el Estado tiene con las personas trans y no binarias porque han sido invisibles, lo que ha ocasionado que incluso muchos y muchas integrantes de la comunidad LGBT se hayan tenido que ir al extranjero donde su identidad de género no les limita el acceso a oportunidades laborales, lo cual afirmó es parte de la transfobia que impera en las instituciones.

"Es pura simulación porque no hay ninguna oportunidad, la discriminación se vive dí a día y si la  vivimos desde nuestras casas qué nos esperamos vivir en el resto de la sociedad", apuntó.