Por Redacción Contra Réplica

Protección reforzada a menores y adultos mayores

La diputada Jacquelinn Jáuregui propone reformar el Código Penal para investigar de oficio casos de abandono de personas vulnerables.

La diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado con el objetivo de fortalecer la protección legal de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad frente al abandono.

Actualmente, los artículos 204 y 204 Bis del Código Penal contemplan el abandono, pero dependen de la denuncia de la víctima o de un familiar, lo que limita la protección para quienes no pueden ejercer plenamente sus derechos. La propuesta de Jáuregui busca incorporar un nuevo artículo, el 204 Ter, que obligue al Ministerio Público a investigar de oficio los casos de abandono cuando las víctimas pertenezcan a estos grupos vulnerables.

Según la legisladora, el abandono de personas en situación de vulnerabilidad constituye una violación grave a los derechos humanos y una forma de violencia estructural que requiere atención inmediata por parte del Estado. La iniciativa plantea que las autoridades deben actuar con diligencia, dictar las medidas necesarias para proteger a las víctimas, garantizar su acceso a la justicia y prevenir la repetición de hechos similares.

Jáuregui destacó que los recientes casos de abandono de recién nacidos y personas mayores en San Luis Potosí evidencian la urgencia de reforzar las herramientas legales del Ministerio Público. La adición del artículo 204 Ter permitirá una intervención inmediata, sin necesidad de que se presente una denuncia, asegurando así una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de riesgo.

Con esta reforma, el Estado busca avanzar hacia una política penal más humana y sensible, centrada en las víctimas y en la prevención de vulneraciones a derechos fundamentales. La iniciativa se encuentra actualmente en análisis en la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, donde se estudiarán sus alcances y la viabilidad de su implementación.

La diputada reiteró que este paso legislativo representa un compromiso con la justicia social y la protección integral de quienes, por su edad, condición física o mental, se encuentran en situación de desventaja.