En un esfuerzo conjunto por fortalecer la educación indígena en San Luis Potosí, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado organizó una mesa de trabajo con la participación de autoridades educativas, sindicatos y representantes de los pueblos originarios. El objetivo central fue cerrar filas para impulsar un presupuesto específico para este sector en 2026.
El diputado Crisógono Pérez López, presidente de la comisión legislativa, destacó que desde la creación de la educación indígena hace 56 años, no existe un presupuesto propio, lo que ha generado rezagos y limitaciones en infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Pérez enfatizó la urgencia de atender las necesidades de más de 14 mil estudiantes que asisten a alrededor de 300 escuelas en 24 municipios del estado.
Durante la reunión, participaron el secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo; el secretario de la Sección 26 del SNTE, Juan Carlos Bárcenas; Manuel Arellano, representante del sindicato nacional; y coordinadores de las etnias Teének, Náhuatl y Xi’iuy, entre otros directores y profesores indígenas.
Se discutieron diversas necesidades prioritarias, como construcción y reparación de aulas, techos, banquetas y piletas; equipamiento de cómputo; conectividad digital para reducir la brecha tecnológica; escuelas inclusivas y oficinas adecuadas para la atención administrativa. Asimismo, se abordó la condonación del pago de luz eléctrica en algunos planteles para garantizar la operatividad.
Los diputados Mireya Vancini Villanueva, Roxanna Hernández Ramírez y Roberto García Castillo respaldaron la iniciativa, y se acordó presentar una propuesta a la Comisión de Hacienda del Estado para incluir una partida presupuestal específica en el proyecto de Ley de Egresos 2026.
La intención es consolidar un plan viable con respaldo político suficiente, que permita ofrecer una educación digna y de calidad a la población indígena del estado, asegurando infraestructura, recursos y condiciones que fomenten el desarrollo académico y cultural de los estudiantes.
Esta colaboración entre el Congreso, el sector educativo, sindicatos y comunidades originarias marca un paso firme hacia la inclusión y el fortalecimiento del derecho a la educación indígena en San Luis Potosí.
