La Conferencia del Congreso del Estado de San Luis Potosí acordó solicitar al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, una ampliación presupuestal destinada a financiar consultas ciudadanas sobre diversos ordenamientos legales, informó el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.
El acuerdo se da en cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las acciones de inconstitucionalidad 1541/2022 y su acumulada 152/2022, que exigen la realización de consultas a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad. Actualmente, el Poder Legislativo carece de recursos suficientes para ejecutar estos procesos.
Badillo Moreno señaló que la Conferencia, integrada por el presidente de la Directiva y los miembros de la Junta de Coordinación Política, informará formalmente a la SCJN que se encuentran en vías de cumplimiento, desarrollando la metodología y el calendario para llevar a cabo las consultas. “Analizaremos todas las iniciativas relacionadas con consultas y las trabajaremos en paquete para avanzar de manera integral. Esto incluye educación inclusiva, movilidad, pueblos indígenas, personas con discapacidad, entre otros”, dijo.
El diputado indicó que se solicitará el apoyo de la Secretaría de Finanzas y del área de planeación del Congreso para garantizar la ejecución adecuada de estas consultas. Además, detalló que se analiza la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, para la cual se planea un foro abierto que permita establecer un marco legal adecuado y brindar certeza a los colectivos que demandan su creación.
Badillo adelantó que pedirá informes a las comisiones dictaminadoras para conocer el estatus de los proyectos pendientes y asegurar que las consultas y reformas se realicen de manera efectiva. Con estas acciones, el Congreso busca cumplir con la normativa federal, garantizar la participación ciudadana y ofrecer certeza a los sectores más vulnerables sobre los avances legislativos que los afectan directamente.
Esta iniciativa refleja la intención del Poder Legislativo de cumplir con los lineamientos de la SCJN y fortalecer la inclusión y participación de comunidades y colectivos en la toma de decisiones legislativas.
