El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se encuentra en el centro de la polémica tras las acusaciones de partidos opositores que lo señalan de favorecer políticamente a su esposa, Mariana Rodríguez, con miras al proceso electoral de 2027. De acuerdo con legisladores del PAN, PRI y Morena, el mandatario estaría detrás de una iniciativa presentada ante el Instituto Electoral Estatal (IEE), que propone reservar exclusivamente para mujeres la candidatura a la gubernatura y 16 presidencias municipales.

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista, afirmó que se percibe un intento de “imposición” de Rodríguez: “Así como la impulsó en el ámbito municipal, ahora parece querer llevarla directamente a la gubernatura”. En la misma línea, Policarpo Flores, dirigente estatal del PAN, condicionó la aprobación del Presupuesto a que el Ejecutivo cese lo que calificó como “una estrategia familiar de poder”.

La propuesta del IEE, que fue remitida al Congreso local esta semana, no logró respaldo entre las principales bancadas. PAN, PRI y Morena coincidieron en que el organismo electoral no debería intervenir en las decisiones internas de los partidos políticos. Mientras De la Fuente planteó posponer la medida hasta 2030 para una implementación adecuada, el priista Javier Caballero defendió la paridad, pero pidió un análisis más profundo. Por su parte, Morena subrayó la necesidad de acompañar cualquier reforma con candados contra el nepotismo y la reelección.

El debate se produce en un contexto de creciente exposición mediática de García y Rodríguez. Reportes de Meta y Google revelan que ambos destinaron, solo en agosto, más de cuatro millones de pesos en publicidad digital, superando a dependencias federales como la SEP y el Infonavit.

En lo que va del sexenio, el gobierno estatal ha invertido 41.5 millones de pesos en propaganda institucional, mientras que Movimiento Ciudadano, a nivel estatal, acumula 76.1 millones en siete años. Ante estas cifras, el Congreso local solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la Auditoría Superior del Estado investigar el origen de los recursos.

“El verdadero problema sería que se usaran fondos públicos para intereses familiares”, advirtió Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey.