El debate sobre las bebidas energéticas dio un giro decisivo en San Lázaro. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que prohíbe su venta a menores de 18 años, un paso que coloca el tema en el centro de la agenda pública por los riesgos que implica para las nuevas generaciones.

La propuesta, impulsada por legisladores de Morena y respaldada por integrantes de distintas bancadas, establece sanciones de hasta 2,000 UMA (equivalentes a más de 226 mil pesos) para comercios y plataformas digitales que no respeten la restricción. En el fondo, lo que está en juego es la facilidad con la que niñas y niños de apenas 10 años pueden acceder a productos que sobreestimulan el sistema nervioso y cardiovascular.

En la exposición de motivos, diputados señalaron que la regulación no es un capricho, sino una respuesta a evidencia científica: el consumo en menores está vinculado con ansiedad, insomnio, problemas de memoria e, incluso, casos graves de arritmias o eventos cerebrovasculares. La disponibilidad en tiendas de conveniencia, repartos en línea y zonas escolares ha normalizado un riesgo silencioso que la ley pretende acotar.

De avanzar en el Pleno, México seguiría los pasos de países que ya han endurecido la regulación sobre estas bebidas. Para la industria, el cambio representaría un golpe directo a uno de sus mercados más fértiles: los adolescentes. Para el Congreso, en cambio, se trata de marcar un precedente en materia de salud pública, fijando un límite claro entre la libertad de consumo y la obligación del Estado de cuidar a los más jóvenes.