"¿Cómo sé que no me vas a picar?" El alacrán responde: "No lo haré, porque si te pico, ambos nos ahogaremos”. Así comienza uno de los proverbios más antiguos y sabios de la tradición popular, recordándonos que la confianza no es un mandato que se impone con palabras vacías, sino un tesoro que se forja con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el México contemporáneo, esta virtud ha sido pervertida: se exige como un derecho divino, en lugar de ganarse con transparencia y méritos. No se trata de un acto de fe ciega, sino de una construcción paciente, basada en hechos irrefutables. Y es precisamente esta distorsión la que vemos hoy en las declaraciones del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien, tras unas elecciones judiciales que rayan en lo caricaturesco, osadamente pide "confianza" en la "nueva corte". ¿Confianza en qué? ¿En un sistema que nace viciado de origen, producto de una reforma que pisotea los pilares del Estado de derecho? Peor aún, ¿en una institución que, mientras predica el laicismo estatal, se somete a un ridículo montaje chamánico de dioses prehispánicos, obligando a la justicia mexicana a arrodillarse ante rituales ancestrales que nada tienen que ver con la ley moderna?
Permitanme ser claro y contundente: estas elecciones judiciales de junio de 2025 no fueron un ejercicio de democracia renovada, sino un absurdo circo político que socava la legitimidad misma de la justicia mexicana. Con una abstención del 87%, solo un mísero 13% de los votantes acudió a las urnas, el proceso reveló no un entusiasmo popular, sino una confusión masiva y un rechazo implícito a una reforma impuesta desde el poder ejecutivo y legislativo. Expertos como Luis Carlos Ugalde, ex presidente del Instituto Federal Electoral, lo describieron como un "experimento fallido" marcado por la desinformación y la falta de comprensión ciudadana sobre la complejidad de elegir jueces y ministros. ¿Cómo puede un tribunal supremo nacer de urnas casi vacías y pretender legitimidad? Aguilar Ortiz, un jurista mixteco que encabezó la lista de candidatos afines a Morena, el partido que arrasó con los nueve puestos de la SCJN, exige fe en esta "nueva era" como si el tiempo y los hechos no importaran. Pero la confianza no se decreta; se pierde irremediablemente cuando el proceso que la genera es tan defectuoso. Y para colmo de absurdos, este mismo Aguilar Ortiz inició su mandato el 1 de septiembre de 2025 con una "ceremonia tradicional de purificación" donde recibió el bastón de mando de comunidades indígenas, en un ritual que invocó a deidades prehispánicas como Quetzalcóatl, según reportes de EL PAÍS. ¿Es esto justicia o teatro folclórico? En un país que se jacta de ser un Estado laico desde la Reforma de 1857 consagrado en el artículo 130 de la Constitución, que prohíbe la injerencia religiosa en asuntos públicos, obligar a la máxima instancia judicial a participar en un "montaje chamánico" es una aberración hipócrita y ridícula. Videos y comunicados oficiales muestran sahumerios, danzas y encomiendas a dioses antiguos, como si la SCJN fuera un templo azteca en lugar de un tribunal secular. ¿Dónde queda la separación Iglesia-Estado cuando el gobierno fuerza a instituciones a acatar rituales que rayan en lo religioso, mientras reprime influencias católicas o evangélicas en el pasado?
Analicemos rápido, con rigor y sin piedad, los vacíos que hacen de estas elecciones un sinsentido total, carente de sustento legal, democrático y republicano, ahora agravado por esta farsa laica que impone creencias prehispánicas como si fueran obligatorias. Comencemos por lo legal: la reforma judicial, impulsada en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y consumada bajo Claudia Sheinbaum, carece de un andamiaje jurídico sólido que respete la Constitución. Aunque fue aprobada por el Congreso —dominados por la mayoría oficialista—, críticos como la Fundación para la Justicia y académicos de la UNAM han denunciado su inconstitucionalidad flagrante, al violar principios como la independencia judicial y el acceso equitativo a la justicia. El proceso fue un disparate apresurado: se eliminó el Consejo de la Judicatura Federal sin un plan de transición claro, y las elecciones se convocaron en medio de litigios pendientes ante la propia SCJN anterior, que cuestionaban la validez de la ley. Informes como el del Diálogo Interamericano advierten que esta "reforma" no resuelve problemas estructurales como la corrupción o la ineficiencia, sino que los agrava al politizar cargos vitalicios. Es un golpe de Estado disfrazado de ley, y pretender confianza en él es insultar la inteligencia colectiva, especialmente cuando se adorna con rituales que violan el laicismo al imponer una "espiritualidad indígena" como dogma oficial.
Señor Aguilar Ortiz y defensores de esta aberración: LA CONFIANZA NO SE MENDIGA CON DISCURSOS INDÍGENAS O PROMESAS DE "JUSTICIA PARA EL PUEBLO", NI SE IMPONE CON RITUALES PREHISPÁNICOS QUE PISOTEAN EL LAICISMO CONSTITUCIONAL. Se gana con integridad, no con elecciones absurdas que dejan un vacío de legitimidad ni con montajes chamánicos que convierten la SCJN en un espectáculo circense. México merece una SCJN que se legitime por su trayectoria, no por urnas manipuladas, mayorías efímeras o encomiendas a Quetzalcóatl. Si esta "nueva corte" quiere nuestra fe, que empiece por reconocer sus grietas fundacionales, incluyendo esta hipocresía laica, y repare el daño antes de que sea tarde. De lo contrario, no será confianza lo que inspire, sino desconfianza profunda y justificada. La historia juzgará, y no será indulgente.
