El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo con el objetivo de que las autoridades estatales y los 59 ayuntamientos prioricen el uso de acero producido en San Luis Potosí en la ejecución de obra pública.

La propuesta tiene como finalidad impulsar a la industria siderúrgica local, proteger empleos y reducir la dependencia de importaciones en un contexto de volatilidad internacional y aranceles al acero. “Cada peso invertido en infraestructura debe traducirse en beneficios para nuestra gente. Consumir acero potosino significa respaldar a los trabajadores y dar solidez a empresas que ya apuestan por la entidad”, señaló Rosas Montiel.

El legislador recordó que en 2019 San Luis Potosí ocupaba el segundo lugar nacional en producción de acero, pero en 2024 cayó al quinto sitio, con una reducción del 20 por ciento en su valor total. Actualmente, operan en el estado 63 unidades económicas del ramo, entre ellas Grupo Acerero, Grupo Sime, Suacero, Outokumpu Mexinox y PEASA.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional del Acero, los aranceles impuestos por Estados Unidos podrían poner en riesgo hasta 700 mil empleos en México, considerando que el 84 por ciento de las exportaciones nacionales de acero tienen como destino ese país.

El exhorto, turnado a comisiones para su análisis, plantea que dependencias estatales, municipales, entidades paraestatales y contratistas incorporen criterios de origen local en los procesos de contratación, siempre en apego a la normatividad vigente.

Asimismo, el legislador destacó que el presupuesto de infraestructura del 2024 destinó más de 3 mil 500 millones de pesos al estado, con montos relevantes para municipios como Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Rioverde y Matehuala. “Si esos recursos se canalizan hacia proveedores potosinos, generaremos empleo y atraeremos nuevas inversiones”, afirmó.

Finalmente, Rosas Montiel resaltó que la medida es consistente con la política federal, ya que desde junio la presidenta Claudia Sheinbaum dispuso que todas las licitaciones de obra pública incluyan acero mexicano.