El pulso entre Donald Trump y YouTube llegó a su desenlace económico: la empresa acordó desembolsar 24.5 millones de dólares para cerrar la demanda que el exmandatario presentó después de que su canal fuera suspendido en enero de 2021, tras los disturbios en el Capitolio. La decisión sienta un precedente en la relación entre las plataformas digitales y las figuras políticas, en un escenario donde la censura y la libertad de expresión siguen en tensión.

De ese monto, 22 millones se dirigirán al Trust for the National Mall, organización encargada de preservar espacios emblemáticos de Washington y que utilizará los recursos para levantar un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. El resto, unos 2.5 millones, será repartido entre otros demandantes que también acusaron a YouTube de restringir de manera injustificada sus contenidos.

En su momento, la plataforma argumentó que el bloqueo de la cuenta de Trump respondía a “preocupaciones por violencia potencial”, sin precisar cuáles normas habían sido violadas. La sanción se prolongó por más tiempo que en redes como Meta y X, que restablecieron los perfiles del expresidente antes de 2023, año en el que YouTube finalmente levantó la restricción.

El acuerdo con Google, dueño de YouTube, se suma a otros litigios resueltos recientemente: Meta desembolsó 25 millones de dólares y X, 10 millones, en procesos relacionados con acusaciones de censura a Trump y a sus seguidores. Estos episodios no solo revelan los costos financieros de las batallas legales, sino también la creciente disputa global sobre el poder de las redes sociales en el debate público.