El estado de Oregon y la ciudad de Portland presentaron este domingo una demanda contra la administración de Donald Trump para frenar el envío de la Guardia Nacional a su territorio. La acción legal sostiene que el despliegue propuesto por el Gobierno federal constituye un abuso del poder ejecutivo y podría socavar la seguridad pública al generar mayor tensión entre las comunidades.
Según el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, el secretario de Defensa autorizó a 200 miembros de la Guardia Nacional estatal a operar bajo funciones federales durante 60 días. Rayfield señaló que la medida es innecesaria, ya que las autoridades locales tienen la capacidad de garantizar la seguridad sin intervención militar externa. “Lejos de proteger, estas acciones provocadoras podrían incitar indignación y conflictos”, advirtió.
El anuncio de Trump llega tras varias protestas frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, motivadas por decisiones del mandatario como la designación del movimiento Antifa como grupo terrorista. De concretarse, sería el tercer despliegue de tropas federales en ciudades demócratas, después de Los Ángeles, Washington DC y Memphis.
La disputa judicial refleja un choque directo entre poderes estatales y federales, y reabre el debate sobre el alcance de la autoridad presidencial frente a la autonomía local. Mientras Oregon busca frenar la intervención militar, la situación mantiene en alerta a la ciudadanía y a las autoridades locales, preocupadas por posibles tensiones adicionales.
