El magisterio de San Luis Potosí manifestó su apoyo unánime a la propuesta presentada por la Secretaría de Educación del Estado (SEGE) y el Congreso Local, orientada a blindar a los docentes frente a denuncias falsas. La reforma contempla ajustes al Código Penal y a las leyes educativas, estableciendo protocolos claros y sanciones más severas para garantizar transparencia en la atención de estas situaciones.

Docentes de las cuatro regiones del estado coincidieron en que la iniciativa otorga certeza jurídica y protege su labor frente a grupo. Karina Castro, maestra de Rioverde, señaló que este marco legal permite ejercer la vocación educativa “con mayor seguridad y confianza”, asegurando un entorno donde se respete la dignidad profesional de quienes forman a la juventud.

Gerardo Ortiz Ponce destacó que la ley reafirma la presunción de inocencia, fortaleciendo la confianza en el sistema educativo y evitando que acusaciones infundadas erosionen la autoridad y el prestigio de los docentes. Por su parte, Francisco Javier Rico aclaró que la medida no limita el derecho de denunciar, sino que busca prevenir abusos que afecten injustamente al personal educativo.

Con esta reforma, el gobierno estatal y el magisterio apuntan a consolidar un marco de protección que permita a los docentes centrarse en la enseñanza, garantizando un ambiente seguro y respetuoso tanto para quienes educan como para los estudiantes que atienden día a día.