La Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado han puesto en marcha un esquema de certificación para su personal, con la intención de reforzar la confianza ciudadana en quienes ejercen tareas de seguridad y procuración de justicia. El Centro de Evaluación y Control de Confianza coordina las pruebas necesarias para asegurar que las y los servidores públicos respondan al perfil ético que demanda la ley.

Este esfuerzo no se limita a un trámite administrativo, sino que representa un filtro que impacta en la vida cotidiana de las personas. Las pruebas médicas, psicológicas, toxicológicas y poligráficas permiten garantizar que quienes portan un cargo de autoridad lo hagan con la preparación, estabilidad y honestidad necesarias para enfrentar la complejidad de la violencia y el delito.

Mónica Gordoa Mercado, titular del CECCE, explicó que este proceso responde al compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de elevar la profesionalización en el sector. Más que cumplir un requisito federal, dijo, se trata de consolidar una cultura de transparencia y responsabilidad entre las instituciones que resguardan la seguridad de las y los potosinos.

De este modo, cada certificación no solo acredita competencias técnicas, sino que también envía un mensaje a la sociedad: la justicia no puede estar en manos improvisadas ni opacas. La confianza pública, tan erosionada en los últimos años, comienza a reconstruirse desde la exigencia y la rendición de cuentas hacia quienes tienen la tarea de protegerla.