La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, encabezó una mesa de trabajo con representantes estatales y municipales para revisar la iniciativa que plantea expedir una nueva Ley Ambiental para San Luis Potosí, que sustituya a la actual normativa vigente desde hace más de dos décadas.
En el encuentro participaron la secretaria de Ecología y Medio Ambiente, Sonia Mendoza Díaz, así como funcionarios de áreas de planeación y representantes de las direcciones de Ecología de la Capital y Villa de Pozos.
Aradillas destacó que el Estado enfrenta retos ambientales cada vez más complejos, por lo que resulta indispensable un marco legal actualizado y eficaz. “Solo con diálogo, colaboración y esfuerzo conjunto podremos construir una propuesta integral y justa que proteja nuestros recursos naturales y asegure un desarrollo sustentable para las generaciones presentes y futuras”, expresó.
La legisladora explicó que la ley vigente presenta obsolescencia y falta de coherencia, pues ha sido modificada en múltiples ocasiones sin responder adecuadamente a los problemas ambientales actuales ni a los compromisos internacionales en la materia.
La propuesta se sustenta en el derecho humano a un medio ambiente sano y busca armonizarse con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Sus objetivos centrales incluyen garantizar la conservación de los recursos naturales, establecer políticas estatales y municipales claras, y reforzar la prevención y control de la contaminación.
El proyecto también define con precisión las atribuciones del Gobierno del Estado y los municipios, plantea mecanismos de coordinación con la Federación y promueve la participación de la sociedad civil, el sector privado y académico. Asimismo, contempla prohibiciones específicas, como la eliminación de tiraderos clandestinos y la restricción al uso de plásticos de un solo uso.
Por su parte, Sonia Mendoza subrayó que aún existen vacíos legales que generan incertidumbre en la toma de decisiones, por lo que consideró esencial esta reforma. Finalmente, se acordó realizar una nueva reunión en 15 días para integrar las propuestas de todas las instancias participantes.
