El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) anunció que dejará de expedir licencias de conducir comerciales a ciertos grupos migrantes, incluyendo beneficiarios del programa DACA, personas asiladas y refugiadas. La medida responde a nuevas disposiciones federales que restringen el acceso a permisos necesarios para operar vehículos de transporte de mercancías o pasajeros.
La decisión, argumenta el DPS, busca reforzar la seguridad en las carreteras del estado y cumplir con lineamientos del gobierno del presidente Donald Trump. Entre los nuevos requisitos se incluye la obligación de demostrar dominio del inglés para quienes soliciten o renueven licencias comerciales, una medida promovida semanas atrás por el gobernador Greg Abbott y respaldada por una orden ejecutiva firmada en abril.
La Casa Blanca justificó la iniciativa señalando que las barreras de comunicación entre conductores y autoridades representan un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, la Asociación Nacional de Camioneros rechazó estos argumentos, asegurando que no existen evidencias de un aumento de operadores extranjeros que haya comprometido la seguridad vial o desplazado a trabajadores estadounidenses.
Organizaciones defensoras de derechos migrantes advirtieron que estas restricciones podrían afectar gravemente a comunidades que dependen del transporte para su sustento. Además, el gremio señaló que los datos usados para sustentar la medida podrían ser mal interpretados o manipulados con fines políticos, generando un debate sobre el impacto real de las nuevas reglas en la economía y la fuerza laboral del estado.
