La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo a las expropiaciones realizadas en Campeche a propiedades del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, así como de su madre y su abogado. La mandataria federal señaló que los inmuebles fueron adquiridos mediante operaciones irregulares y que las acciones emprendidas por la gobernadora Layda Sansores San Román buscan garantizar el uso social de dichos bienes.
“Entiendo que se trata de propiedades ligadas a recursos de la corrupción y al lavado de dinero, y por eso se aplicó este mecanismo”, comentó la presidenta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Sheinbaum aprovechó el tema para subrayar las limitaciones actuales de la Ley de Extinción de Dominio, un marco jurídico que permite al Estado recuperar propiedades vinculadas a delitos graves. Explicó que los procedimientos suelen ser largos y complejos, incluso en casos donde ya existe sentencia. Por ello, adelantó que su administración prepara una reforma para hacer más ágil la aplicación de esta ley.
“Estamos trabajando en un proyecto de modificación, porque hoy en día es muy difícil concretar la extinción de dominio. Incluso en asuntos de delincuencia organizada, aun con pruebas, el proceso se vuelve excesivamente largo”, señaló.
La mandataria agregó que el objetivo de la legislación es claro: que bienes adquiridos de manera ilícita puedan ser recuperados por la nación y destinados a proyectos de beneficio colectivo. Puso como ejemplo el caso de Campeche, donde los terrenos en cuestión se utilizarán para la construcción de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
De acuerdo con la información del gobierno campechano, fueron expropiados cuatro predios en el fraccionamiento Miramar, con una superficie total de ocho hectáreas, pertenecientes a Moreno, su madre Yolanda Cárdenas Montero y su abogado Juan José Salazar Ferrer. A esto se suma un terreno adicional adquirido para completar el espacio donde se desarrollará la obra educativa.
Con estas medidas, afirmó Sheinbaum, se busca enviar un mensaje de justicia y transparencia en el uso de los recursos públicos.