El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, oficializó la prohibición del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos del país, una decisión que ha encendido un amplio debate social. La medida fue publicada el 2 de octubre de 2025, mediante un memorándum firmado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, y difundido en redes sociales.

La disposición será de aplicación obligatoria en más de 5,100 escuelas públicas y en todas las dependencias del Ministerio de Educación, lo que convierte a El Salvador en uno de los primeros países latinoamericanos en vetar oficialmente el uso de expresiones inclusivas dentro del sistema educativo.

Entre los términos prohibidos se encuentran variantes como “amigue”, “compañere”, “niñe”, “todxs” o “nosotres”. El documento oficial establece que estos no podrán ser empleados en materiales didácticos, libros de texto, documentos administrativos ni comunicaciones institucionales.

Según el gobierno salvadoreño, el propósito de la medida es “promover una comunicación clara, coherente y respetuosa del idioma español” y proteger a los estudiantes de influencias ideológicas. Trigueros, quien también es capitana del Ejército, aseguró que esta acción forma parte de una política más amplia para “reforzar la disciplina y la formación cívica en las aulas”.

Sin embargo, organizaciones magisteriales y grupos defensores de derechos humanos han expresado su rechazo, calificando la decisión como un retroceso en materia de inclusión y libertad de expresión. El Frente Magisterial Salvadoreño denunció que se trata de una “imposición autoritaria” que busca uniformar el pensamiento dentro del sistema educativo.

La prohibición se suma a otras disposiciones adoptadas desde 2024 por el gobierno de Bukele, como la eliminación de los contenidos con perspectiva de género y la implementación de normas estrictas de conducta y presentación personal. Analistas señalan que estas medidas consolidan un modelo educativo con fuerte control institucional y orientación conservadora.