El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Cambio Climático de San Luis Potosí, que obliga al Estado a contar con un Atlas de Riesgo. La iniciativa, presentada por la diputada Nancy Jeanine García Martínez, tiene como objetivo identificar las zonas con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático y garantizar atención preferencial a la población más afectada.

El Atlas de Riesgo deberá considerar tanto los escenarios actuales como los futuros de vulnerabilidad climática, tomando como referencia el Atlas Nacional de Riesgo y el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Con esta información, se podrán elaborar programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y reglamentos de construcción, buscando prevenir y atender posibles desplazamientos internos provocados por fenómenos naturales.

La diputada García Martínez destacó que esta reforma se alinea con la Ley General de Cambio Climático, que establece la concurrencia de facultades entre la federación, los estados y los municipios para diseñar políticas de adaptación y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, garantiza el derecho de la población a un medio ambiente sano, promoviendo estrategias para proteger tanto a la comunidad como a la infraestructura del Estado.

Contar con un Atlas de Riesgo representa una herramienta clave en la prevención de desastres, pues permite identificar amenazas potenciales y planificar acciones que reduzcan impactos. Esta información fortalece la planeación urbana y regional, mejora la resiliencia de la infraestructura y respalda la toma de decisiones efectivas en la gestión integral del riesgo de desastres (GIRD).

La reforma también prevé que los atlas de riesgo se vinculen directamente con la ejecución de obras prioritarias, asegurando que el desarrollo urbano y social se lleve a cabo bajo criterios de seguridad y sostenibilidad ambiental. Con esta medida, San Luis Potosí avanza hacia una gestión integral del cambio climático, centrada en la protección de los ciudadanos más vulnerables y la preparación ante fenómenos extremos, reforzando la planificación estratégica del Estado ante los retos ambientales del futuro.