El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer la prevención y protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, informó la diputada Dulcelina Sánchez de Lira.

Entre las modificaciones se incorporan los conceptos de interseccionalidad, violencia mediática y órdenes de protección, así como la actualización y refuerzo de medidas contra la violencia digital. La norma permite retirar de internet cualquier contenido que vulnere los derechos de las víctimas, garantizando así su integridad, dignidad y seguridad.

La diputada explicó que, en caso de amenaza a la víctima, la autoridad competente —ya sea el Ministerio Público o el juez— podrá dictar inmediatamente medidas de protección, incluyendo la notificación a empresas de plataformas digitales, medios de comunicación y redes sociales para interrumpir, bloquear, destruir o eliminar imágenes, audios o videos relacionados con la investigación.

Se estipula que la autoridad deberá identificar al proveedor de servicios en línea y la ubicación exacta del contenido, incluyendo enlaces o referencias, y resguardar el material como evidencia legal. Las plataformas deberán informar al usuario responsable sobre la inhabilitación o eliminación del contenido, en cumplimiento de la orden judicial.

Además, dentro de los cinco días hábiles posteriores, se celebrará una audiencia donde el juez decidirá sobre la cancelación, ratificación o modificación de las medidas de protección, evaluando la gravedad del daño y su irreparabilidad.

El concepto de violencia digital también se amplió e incluye acoso, hostigamiento, amenazas, divulgación de información privada o sexual sin consentimiento, mensajes de odio y cualquier acto que atente contra la integridad, dignidad, intimidad o derechos humanos de las mujeres, realizado mediante tecnologías de información, inteligencia artificial, redes sociales, correo electrónico o cualquier otro espacio digital.

Con estas reformas, el Congreso busca garantizar una protección integral, actualizando la ley a los retos de la era digital y promoviendo un entorno seguro para las mujeres, al tiempo que refuerza la responsabilidad de plataformas y autoridades en la prevención de la violencia.