La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un dictamen que reforma el Código Familiar, con el objetivo de garantizar que los deudores alimentarios informen al juez sobre cambios en su situación laboral. La reforma establece que cualquier variación en el empleo o ingresos del obligado deberá ser comunicada de manera inmediata, bajo sanciones económicas en caso de incumplimiento.

La diputada Jessica Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión, explicó que esta medida permitirá al juez contar con información precisa para decidir sobre la continuidad y ajustes del pago de pensiones alimenticias. Además, señaló que la reforma involucra a los empleadores, quienes deberán notificar si el trabajador deudor ha dejado de laborar en su empresa. “Estamos ofreciendo mayor certeza jurídica y garantizando el interés superior del menor, asegurando que reciba los alimentos que le corresponden”, puntualizó.

La legisladora agregó que la reforma reconoce la obligación alimentaria como un derecho fundamental de los niños, niñas, jóvenes y personas con derecho a recibir alimentos, estableciendo mecanismos claros de notificación cuando el deudor no pueda cumplir con su responsabilidad por causas como terminación de empleo, despido injustificado, insolvencia o enfermedad.

Una parte central de la iniciativa es la responsabilidad solidaria de los empleadores o gerentes generales, quienes deberán informar al juez dentro de los tres días siguientes al cambio laboral del deudor. El incumplimiento generará sanciones económicas equivalentes a un día de salario por cada día de retraso, fortaleciendo el cumplimiento oportuno de las obligaciones alimentarias.

La diputada López Torres enfatizó que esta reforma coloca a San Luis Potosí a la vanguardia en materia de pensiones alimentarias, al ofrecer un marco legal que protege los derechos de los menores y asegura mecanismos eficaces de vigilancia. El dictamen aprobado por la Comisión Segunda de Justicia será presentado al Pleno del Congreso para su votación definitiva, acercando al estado a un sistema más transparente y efectivo en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Esta reforma representa un avance significativo en la protección de la infancia potosina, reforzando la seguridad jurídica y social para garantizar que los menores reciban el sustento que les corresponde.