Pese a ser un compromiso asumido con la presidenta Claudia Shainbaum Pardo, al menos 21 alcaldes y alcaldesas de San Luis Potosí no han ejercido el 96.1 por ciento de 668 millones que la federación etiquetó para obras de agua potable, denunció el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo.

Durante la reunión de trabajo con los 21 organismos operadores de la entidad organizada por la Comisión Legislativa del Agua del Congreso del Estado, el funcionario federal recordó que a principios de año, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en la Ciudad de México con todos los alcaldes y alcaldesas del país donde asumieron el compromiso de destinar el 30 por ciento de los recursos que reciben por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) a diagnósticos y obras relacionadas con el agua, que en el caso de San Luis Potosí los 59 municipios recibieron 2 mil 697 millones de pesos, "derivado de este acuerdo, la mayoría de los municipios conveniaron con nosotros, con la Conagua ese 30 por ciento que pedía la presidenta de la República, es decir, 668 millones de pesos se iban a aplicar en tema de agua y los alcaldes quedaron, los que tienen organismos operadores, pues generar la sinergia para que estas obras se realizaran. La gran realidad es que de este total de los 668 millones que se conveniaron, a la fecha solamente se han aplicado 26 millones en todo el estado en tema de obra de agua", lamentó.

Durante la sesión de trabajo, el delegado González Castillo también acusó a los organismos operadores de agua así como a los ayuntamientos en San Luis Potosí de no pagar las cuotas a la Conagua, lo cual consideró relevante porque la falta de recursos que los mantiene en números rojos es en gran medida por una mala gestión administrativa para obtener recursos de programas federales como el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) o el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) o el mismo FAISMUN.

Añadió que pese a los adeudos la Conagua ha sido empática para no sancionar o cancelar apoyos para no contribuir a provocar crisis sociales en los municipios.