Los diputados Rubén Guajardo Barrera y Leticia Vázquez Hernández presentaron una iniciativa para modificar el artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. La propuesta busca que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales puedan participar en la investigación criminal bajo la dirección del Ministerio Público, garantizando que este último conserve la exclusividad en la persecución de los delitos ante los tribunales.
Durante la exposición, los legisladores destacaron que la investigación de los delitos es un componente esencial del sistema de justicia penal, y que la reforma permitirá optimizar los procesos al involucrar a más corporaciones de seguridad, con el objetivo de generar un impacto positivo en las familias potosinas.
El diputado Rubén Guajardo explicó que esta iniciativa se deriva de la reforma al artículo 21 de la Constitución federal, publicada el 31 de diciembre de 2024, que amplió las facultades de investigación más allá del Ministerio Público, incluyendo a la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y otras corporaciones, siempre bajo el mando del Ministerio Público.
Guajardo Barrera enfatizó la importancia de esta modificación ante el déficit de acceso a la justicia en México: durante 2024 se abrieron cerca de dos millones de carpetas de investigación, pero aproximadamente 2.4 millones quedaron pendientes. “La capacidad institucional de las Fiscalías está rebasada, y la investigación es una etapa crucial del Sistema Penal Acusatorio, clave para garantizar el derecho al acceso a la justicia”, señaló.
El legislador añadió que permitir la participación de más instituciones y corporaciones de seguridad pública podría aumentar la eficacia de las investigaciones criminales, reducir la impunidad y generar un cambio sustancial en la procuración de justicia en el estado.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su análisis y dictamen, buscando crear un marco legal que fortalezca las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado y alinee la Constitución local con las disposiciones federales.
