En una jornada marcada por la serenidad y la emoción, el Senado uruguayo aprobó la ley “Muerte Digna”, una norma que permitirá a pacientes en situación terminal solicitar asistencia médica para poner fin a su vida bajo condiciones reguladas. Con 20 votos a favor de 31 legisladores presentes, el país dio un paso histórico que lo coloca junto a naciones como España, Canadá y Países Bajos en el reconocimiento legal del derecho a decidir cuándo morir.

El debate, que se extendió por más de diez horas, fue descrito por varios senadores como uno de los más difíciles de su carrera. En las gradas, Beatriz Gelós —una mujer de 71 años con Esclerosis Lateral Amiotrófica— siguió la votación con una sonrisa contenida. Durante años se convirtió en símbolo del movimiento por la eutanasia, defendiendo una causa que, decía, “no busca muerte, sino paz”. Al aprobarse la ley, su deseo se volvió realidad.

La nueva norma establece que solo podrán acceder a la eutanasia los mayores de edad, ciudadanos o residentes, con plena capacidad mental y diagnóstico de enfermedad incurable o sufrimientos insoportables. Antes del procedimiento, deberán expresar su voluntad por escrito y atravesar un proceso de evaluación médica. Aunque la Iglesia Católica lamentó la decisión y varias organizaciones criticaron su redacción, el Colegio Médico defendió el acompañamiento técnico que brindó al Parlamento y subrayó que la reglamentación será clave para garantizar transparencia y seguridad.

Con esta decisión, Uruguay reafirma su vocación laica y progresista, sumando la “muerte digna” a una lista de derechos que en su momento también rompieron paradigmas: el aborto legal, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis. En esta nueva frontera ética, el país vuelve a poner sobre la mesa una pregunta profunda y universal: ¿qué significa vivir —y morir— con dignidad?