El gobierno interino de Perú decretó un estado de emergencia por 30 días en Lima y el puerto del Callao, en respuesta al aumento de la violencia y las extorsiones atribuidas al crimen organizado. La medida permite a las fuerzas armadas patrullar la ciudad y colaborar con la policía, además de restringir ciertos derechos como la reunión y la inviolabilidad del domicilio.

El presidente José Jerí afirmó en un mensaje televisado que la delincuencia ha crecido de manera desmesurada, afectando a miles de familias y el progreso del país. "Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad", aseguró, rodeado de su gabinete ministerial, señalando que se pasa de la defensiva a la ofensiva frente al crimen.

El anuncio llega tras semanas de tensión social, que incluyeron protestas masivas con un saldo de un muerto y decenas de heridos entre policías y civiles. La violencia urbana y la inseguridad habían llevado a la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte y reflejan la crisis institucional que atraviesa el país, que ha tenido siete presidentes desde 2016.

Los datos oficiales muestran un aumento alarmante de la violencia: las denuncias de extorsión en Lima y Callao pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, mientras que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 20.705 denuncias, un incremento del 28,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, al menos 47 conductores han muerto en lo que va de 2025 a manos de pistoleros.