Por Redacción Contra Réplica

UASLP sujeta a auditoría por el IFSE para garantizar transparencia en recursos

La Suprema Corte confirma que la máxima casa de estudios debe cumplir con la fiscalización y rendición de cuentas que marca la ley.

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) queda obligada a someterse a los procesos de auditoría que realiza el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), confirmó el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización.

El legislador explicó que la Corte resolvió desestimar la controversia constitucional presentada por la UASLP, en la que la institución argumentaba ser un órgano constitucional autónomo local. Sin embargo, la normativa vigente la reconoce únicamente como un organismo descentralizado del Estado, por lo que no procede el argumento de autonomía total para evitar la revisión de sus finanzas.

“Todas las entidades públicas estatales, municipales y los órganos descentralizados, como la UASLP, deben cumplir con los lineamientos de auditoría gubernamental, rendición de cuentas y transparencia que la ley establece”, indicó Gámez Macías.

El diputado agregó que, en cumplimiento de la legislación, el IFSE deberá iniciar los procedimientos de fiscalización sobre la Universidad, revisando la cuenta pública y la aplicación de los recursos públicos. Esto permitirá garantizar que los fondos destinados a la educación superior sean manejados de manera transparente y conforme a la normativa vigente.

Además, el legislador resaltó que este proceso no busca sancionar arbitrariamente, sino fortalecer la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La auditoría ofrecerá certeza sobre el uso correcto de los recursos y contribuirá a mantener la integridad financiera de la máxima casa de estudios del estado.

Con esta resolución, se sientan las bases para que la UASLP y otros organismos descentralizados cumplan con las obligaciones de transparencia, fiscalización y supervisión que la ley exige, reafirmando el compromiso del Estado con la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.