La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los procesos relacionados con la CURP Biométrica estarán sujetos estrictamente a la autorización expresa de las personas, y que ninguna institución podrá iniciar trámites sin su consentimiento previo. La mandataria precisó que esta misma regla se aplicará al manejo de datos vinculados con dispositivos electrónicos o chips telefónicos, reafirmando la prioridad de la protección de la información personal.

Sheinbaum destacó que la base de datos de números telefónicos se mantendrá bajo custodia de las empresas de mensajería, y no del Gobierno federal, con el objetivo de garantizar la seguridad y privacidad de los ciudadanos. La mandataria enfatizó que dichos registros solo podrán ser consultados en el marco de investigaciones legales y siempre con aprobación judicial, asegurando así que la privacidad no será vulnerada sin sustento legal.

La presidenta también se refirió al debate que se ha suscitado en Europa sobre leyes que permiten a las instituciones gubernamentales acceder a las comunicaciones de la ciudadanía. En este sentido, Sheinbaum afirmó que en México una medida similar es “prácticamente nula”, y que el país seguirá respetando la privacidad de sus habitantes.

En conferencia matutina, reiteró que cualquier solicitud de acceso a información privada deberá estar plenamente justificada ante la autoridad judicial, subrayando que la protección de datos personales es un compromiso prioritario del Gobierno federal.

Con estas declaraciones, la presidenta busca brindar certeza a la población sobre la seguridad y confidencialidad de sus datos biométricos y de comunicación, asegurando que la privacidad seguirá siendo un derecho protegido por la ley. Asimismo, Sheinbaum enfatizó que la CURP Biométrica es una herramienta para la identificación confiable de los ciudadanos, pero su uso estará siempre regulado por la legislación vigente y por los principios de consentimiento informado.

Este anuncio refuerza la posición del gobierno mexicano frente a los desafíos tecnológicos y legales que surgen con la digitalización de los servicios públicos y el manejo de información sensible.