La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de San Luis Potosí aprobó un dictamen que reforma el artículo 133 de la Ley de Salud del Estado, con el fin de incluir a las mujeres privadas de su libertad dentro de los programas de distribución de insumos de salud menstrual. Esta medida busca garantizar el acceso a productos de higiene y promover un entorno digno y seguro para quienes se encuentran en los centros penitenciarios estatales.
La diputada Frinné Azuara Yarzabal, presidenta de la comisión, destacó que en San Luis Potosí hay aproximadamente 340 mujeres en reclusión que requieren atención en este tema. Subrayó que la propuesta cuenta con el respaldo del DIF estatal y de la Secretaría de Salud, y que las entregas de insumos se realizarán a través de los mecanismos de vigilancia y coordinación con las autoridades penitenciarias, asegurando que todas las beneficiarias tengan acceso a este derecho básico de salud.
Por su parte, el diputado Marco Gama, coautor de la iniciativa, explicó que la reforma busca considerar a las personas menstruantes en reclusión como población de atención prioritaria, garantizando que tengan acceso a artículos de higiene de manera regular y gratuita. “El objetivo principal es que cada mujer en los centros penitenciarios pueda contar con condiciones dignas durante su periodo menstrual”, señaló.
La modificación establece que, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, los programas estatales de salud menstrual deberán priorizar a la población más vulnerable, incluyendo a quienes se encuentran en prisión, mediante convenios específicos entre la Secretaría de Salud y la autoridad penitenciaria. Esto permitirá coordinar de manera efectiva la entrega de productos, asegurando el bienestar físico y la higiene de las beneficiarias.
El dictamen aprobado por la comisión será turnado al Pleno del Congreso para su discusión y votación, avanzando en la consolidación de políticas públicas que garanticen la salud y los derechos fundamentales de todas las personas menstruantes en San Luis Potosí. Esta iniciativa refleja un compromiso legislativo con la equidad, la dignidad y la atención prioritaria de sectores históricamente vulnerables.
