San Luis Potosí avanzará hacia la creación de un mecanismo histórico para proteger a niñas, niños y adolescentes, con la reforma al artículo 85 de la Ley de Educación del Estado, que establecerá un protocolo interinstitucional para prevenir y sancionar casos de abuso sexual infantil y toda forma de violencia contra menores.
El Foro Interinstitucional: Protocolos de actuación para la prevención y atención del abuso infantil, organizado por el diputado Luis Fernando Gámez Macías en el auditorio “Gómez Morín” del edificio Presidente Juárez, reunió a autoridades de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación, el DIF Estatal, instancias municipales y más de 20 organizaciones civiles. También participaron presidentes de comisiones legislativas y representantes de todas las fuerzas políticas.
Durante el evento, Elena del Rosario Torres Villanueva, presidenta de la fundación Granito de Arena, resaltó la importancia de unirse desde el ámbito legal para proteger a los menores, recordando que México ocupa el primer lugar mundial en casos de abuso sexual infantil. Por su parte, la Fiscal General, María Manuela García Cázares; el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo; y la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, coincidieron en la necesidad de perfeccionar los protocolos existentes, garantizando atención integral y cero tolerancia, sin revictimización.
Diversos diputados, entre ellos Gabriela López Torres y Mireya Vancini Villanueva, manifestaron su respaldo a la iniciativa y propusieron incluir la atención a menores con alguna discapacidad. Gámez Macías explicó que el objetivo del protocolo es establecer un procedimiento claro para que docentes y autoridades sepan cómo actuar ante un caso de violencia, evitando vacíos legales que impiden la correcta investigación y sanción de los agresores.
El diputado agregó que, gracias a este marco de actuación, se espera que las carpetas de investigación tengan mayor eficacia y que los maestros puedan guiar los casos desde el paso inicial hasta la resolución judicial. Una nueva reunión se llevará a cabo el próximo mes para recopilar propuestas adicionales y perfeccionar el protocolo antes de su implementación en 2026, marcando un avance significativo en la protección de la infancia en San Luis Potosí.
