La Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión, marcando un paso importante en la homogeneización del castigo por este delito en México. La medida contempla penas de 6 a 15 años de prisión y multas que van de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El dictamen recibió 25 votos a favor de Morena, PT, PVEM, PAN y MC, mientras que el PRI registró tres abstenciones. La legislación incluye 34 agravantes que pueden aumentar la pena hasta en dos tercios, llegando a un máximo de 25 años de prisión cuando se vulnera gravemente la integridad de la víctima o se provoca un alto impacto económico y social.

Entre los cambios más significativos destaca que la extorsión será perseguida de oficio, lo que permite a las autoridades actuar sin que exista una denuncia previa. Además, se mantiene activa la línea telefónica 089 para reportar de manera anónima estos delitos, fortaleciendo los mecanismos de denuncia ciudadana.

No obstante, la propuesta ha generado debate. Algunos legisladores advierten que las penas podrían resultar menores que las aplicadas actualmente en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, beneficiando a quienes ya están privados de libertad. El dictamen será discutido y votado en el pleno de la Cámara de Diputados en el próximo periodo de sesiones.