En la más reciente Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí, se aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Transporte Público, que incorpora el concepto de electromovilidad en los sistemas de transporte público de la entidad. La iniciativa busca fomentar el uso de vehículos que funcionen total o parcialmente con energía eléctrica, contribuyendo a la disminución de emisiones contaminantes y promoviendo alternativas de movilidad sostenible.
La diputada Jaquelinn Jáuregui Mendoza, quien presentó la iniciativa, explicó que la reforma otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de coordinar acciones con autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de promover la adopción de tecnologías de propulsión eléctrica en el transporte público. “Con esto, la electromovilidad deja de ser una opción y se convierte en un compromiso para las administraciones presentes y futuras”, subrayó.
Por su parte, el diputado Luis Emilio Rosas Montiel destacó que esta reforma se alinea con los objetivos de la Ley General de Cambio Climático y el Acuerdo de París, impulsando la transición hacia sistemas energéticos con bajas o nulas emisiones contaminantes. Entre las metas señaladas se incluye triplicar la capacidad de generación de energías renovables y duplicar la eficiencia energética para el año 2030, como parte de un plan integral para mitigar los efectos del cambio climático.
Los legisladores coincidieron en señalar que la contaminación del aire, derivada en gran medida del transporte convencional, representa un riesgo significativo para la salud humana, causando enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de afectar órganos vitales y generar molestias como fatiga, irritación ocular y dolor de cabeza, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud.
Con esta reforma, San Luis Potosí se consolida como uno de los estados pioneros en la implementación de transporte eléctrico en México, estableciendo un marco legal que garantiza la continuidad de políticas públicas orientadas a la movilidad sostenible, la protección ambiental y la salud de la ciudadanía.
