Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, enfrenta una orden de aprehensión emitida por un juez de control de la Ciudad de México, luego de no presentarse en dos ocasiones a la audiencia donde se le imputarían cargos por el delito de desobediencia de particulares agravado. La medida también incluye al representante legal del consorcio deportivo, quien igualmente desatendió los llamados judiciales.

El origen del conflicto se remonta a una disputa entre el Club Pachuca y una televisora con la que mantenía un contrato de transmisión de partidos. En el proceso se estableció una orden que prohibía al club difundir sus encuentros mientras continuara el litigio, sin embargo, la disposición habría sido incumplida, generando el actual proceso penal.

La controversia escaló cuando uno de los encuentros del equipo no pudo ser transmitido en ningún territorio, lo que evidenció la tensión entre ambas partes y atrajo la atención de las autoridades judiciales. Aunque el caso se mantiene en reserva, fuentes cercanas apuntan a que se buscará resolverlo sin afectar las operaciones del club.

Hasta ahora, ni la Liga MX ni la Federación Mexicana de Fútbol han fijado postura sobre la situación, mientras que Grupo Pachuca ha optado por guardar silencio. El caso representa uno de los episodios legales más delicados que enfrenta un dirigente deportivo en el fútbol mexicano reciente.