Río de Janeiro amaneció entre el humo, el miedo y las sirenas. Una operación policial sin precedentes, desplegada en dos de las zonas más pobres del norte de la ciudad, dejó al menos 64 muertos, entre ellos cuatro agentes, en lo que ya se considera la jornada más violenta en la historia reciente de la urbe brasileña.

El llamado “Operativo Contención”, que movilizó a 2 mil 500 policías fuertemente armados, tenía como objetivo desmantelar al Comando Vermelho, el grupo criminal más poderoso de Río de Janeiro, que controla gran parte del tráfico de drogas y la extorsión en las favelas. Durante horas, los enfrentamientos transformaron barrios enteros en escenarios de guerra, con incendios, tiroteos y escuelas cerradas ante el pánico de la población.

En medio del caos, testigos describieron escenas de jóvenes arrestados y obligados a permanecer descalzos y sin camiseta sobre la acera, mientras los cuerpos de civiles y policías eran trasladados al hospital Getulio Vargas. Las imágenes de drones lanzando proyectiles, compartidas por el propio gobernador Cláudio Castro, desataron un debate global sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

La ONU y organismos internacionales expresaron su preocupación por el número de víctimas y exigieron una investigación independiente sobre los hechos. Mientras tanto, Río de Janeiro vuelve a enfrentar su dilema histórico: la lucha contra el crimen en territorios donde la violencia del Estado y la de las bandas criminales se confunden, dejando a los habitantes atrapados en una guerra que no eligieron.