La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para instar a las direcciones de Ecología de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a supervisar que los fraccionamientos cumplan con la entrega de áreas de arbolado y jardinería, tal como lo establecen las normas urbanísticas y ambientales.

La presidenta de la comisión, diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, subrayó la urgencia de reforzar los mecanismos de seguimiento y vigilancia desde los municipios. Señaló que la coordinación entre Ecología, Desarrollo Urbano y Obras Públicas debe basarse en criterios técnicos y voluntad política para garantizar que cada desarrollo residencial entregue espacios dignos, accesibles y ambientalmente sostenibles.

“La expansión urbana no puede ir en detrimento del derecho a un entorno sano. Por el contrario, el crecimiento de las ciudades es una oportunidad para integrar infraestructura verde, fomentar la resiliencia comunitaria y elevar la calidad de vida de los habitantes”, afirmó la legisladora.

Aradillas destacó que el cumplimiento del arbolado urbano y las áreas verdes es una acción indispensable frente a los retos ambientales actuales. “Exhortar a los municipios a garantizar que los desarrollos cumplan con estas obligaciones no es solo un llamado institucional, sino también una demanda ciudadana y ambiental para construir un San Luis Potosí más sustentable y habitable”, puntualizó.

Aunque la ley establece que los fraccionamientos deben contar con áreas verdes funcionales y árboles adecuados al entorno, la diputada advirtió que en la práctica muchas veces estas disposiciones se incumplen o se ejecutan de manera parcial. “En numerosos fraccionamientos, las áreas verdes son mínimas, de difícil acceso o mantenimiento, y los árboles plantados no se adaptan al entorno, terminando por deteriorarse o morir ante la falta de seguimiento”, explicó.

Con este exhorto, los legisladores buscan que los municipios actúen con responsabilidad, asegurando que los desarrollos habitacionales no solo cumplan con la normativa, sino que aporten beneficios reales a la comunidad y al medio ambiente, fortaleciendo un desarrollo urbano equilibrado y sustentable para las presentes y futuras generaciones.